Buenos Aires, 19 de enero de 2024. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional cuestionó el miércoles el artículo 439 del proyecto de ley "Bases" del Ejecutivo nacional, en el que se propone el traspaso de los tribunales nacionales a la ciudad de Buenos Aires, por otorgar "facultades exorbitantes en favor del Poder Ejecutivo Nacional" y ser una "transgresión al principio de división de poderes".

El prosecretario general de esa institución, Marcelo Gallo Tagle, expuso en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde se debate el proyecto de ley "Bases y principios para la libertad de los argentinos", sobre la "preocupación" que representa el artículo 439 "en lo relativo al traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la ciudad de Buenos Aires".

"Son numerosos los argumentos políticos y jurídicos que llevan a la inconstitucionalidad de este pretendido traslado. La jurisdicción no es un simple servicio público sino que constituye unos de los mayores atributos, es inherentes a la soberanía del Estado", reclamó.

Por más que la ciudad de Buenos Aires "es calificada como Gobierno autónomo" en realidad "carece de una verdadera autonomía institucional" porque "su personalidad jurídico-política no emana de un poder originario y propio, sino que es producto de la voluntad de un ente superior: la Nación argentina expresada en la Constitución", precisó.

Además, calificó de "inadmisible la delegación de facultades exorbitantes" que implicaría la norma "en favor del Poder Ejecutivo Nacional en cuestiones que se oponen al sistema federal de Gobierno delineado por nuestra constitución nacional" y la tildó como "una transgresión al principio de la división de poderes".

Insistió en la defensa del "respeto de la independencia del Poder Judicial, de la división de poderes" para el "beneficio de los ciudadanos al obtener jueces independientes, probos y con capacidad para defender sus decisiones".

Al retomar un argumento que esgrime el Gobierno nacional, Gallo Tagle afirmó que "efectivamente no hay plata para hacer" ese eventual traslado y advirtió que la Justicia nacional "funciona con el aporte de las provincias", al señalar que no es probable que esas jurisdicciones traspasen sus partidas hacia la Capital Federal.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios fue convocada para exponer en el plenario tras un comunicado que publicó el 28 de diciembre de 2023 para dar su postura en lo relativo al 439, en una jornada en la que contó también con la la presencia de organizaciones no gubernamentales, organismos de Derechos Humanos, entidades empresarias y sectores de la sociedad civil, entre otras.

La Cámara Civil rechazó el lunes con la firma de sus 24 integrantes el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. El tribunal emitió una resolución en la que expreso “su total y absoluto rechazo” al proyecto que el gobierno incluyó en la ley ómnibus. Se suma a la postura de la Cámara del Trabajo y de la Asociación de Magistrados

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil expresó “su total y absoluto rechazo” al proyecto del gobierno nacional que se debate en el Congreso, que en uno de los artículos de la ley ómnibus propone que se impulse el traslado de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así lo sostuvo la Cámara en una resolución que firmaron hoy 24 de sus integrantes, que se suma a la que dictaron la semana pasada la Cámara del Trabajo y al pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) para que el Congreso los reciba a exponer sus argumentos.

El artículo 349 del proyecto establece: “Instrúyese al PODER EJECUTIVO NACIONAL a impulsar todos los actos y suscribir los Acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la JUSTICIA NACIONAL a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en un plazo máximo de TRES (3) años”. Se trata de avanzar en una ley ya sancionada para que los tribunales nacionales con asiento en la ciudad pasen a la órbita de ese distrito. La iniciativa es rechazada desde su inicio por la justicia nacional, pero fue avalada por la Corte Suprema de Justicia en varios fallos.

“El pretendido ´traspaso´ colisiona con elementales principios constitucionales, lesiona el principio de inamovilidad de los magistrados, y desconoce que la Ciudad de Buenos Aires -más allá de su carácter autónomo es también la capital de la República, y que por ese hecho, la subsistencia de la Justicia Nacional hace a la garantía de los intereses del Estado Nacional - y de las provincias que componen la Nación-, salvaguardada expresamente por el art. 129 de la Constitución Nacional”, sostuvo la Cámara Civil en la resolución a la que accedió Infobae.

“Aunque es cierto que la Ciudad de Buenos Aires es una ´ciudad constitucional federada´ (CSJN, Fallos, 338:1356), también lo es que sigue siendo el asiento de las autoridades nacionales, y que, precisamente por su calidad de capital de la República, es la sede natural en la que se domicilia gran cantidad de sociedades, asociaciones y fundaciones (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros, clubes de fútbol, la AFA, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, etc.) cuya actividad, lejos de limitarse al ámbito de la Ciudad, tiene lugar en todo el territorio de la Nación”, agregaron.

Los camaristas señalaron que respecto a la justicia civil, “entiende en asuntos de naturaleza federal. Así, es competente en las causas que versen sobre acciones civiles o comerciales, concernientes a la responsabilidad contractual o extracontractual, aunque la Nación, sus empresas o entidades autárquicas sean parte, siempre que se deriven de accidentes de tránsito, aun ferroviarios”.

En su resolución, los jueces también hicieron referencia a la crítica al traspaso que en un artículo publicado en el diario La Nación expresó en 2016 Rodolfo Barra, actual procurador del Tesoro de la Nación. Ese artículo llevaba por nombre “El traspaso de la Justicia, un error” y Barra decía que “los tribunales de la ciudad de Buenos Aires no son ‘provinciales’, simplemente porque la ciudad no es una provincia. Esto es así por expresa decisión del constituyente de 1994, que en cada caso en que quiso equiparar a la ciudad con las provincias lo hizo expresamente”.

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